OEA advierte por reclutamiento de menores en Colombia

La Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó una alerta sobre el reclutamiento forzado de menores en Colombia por parte de redes criminales asociadas al narcotráfico.
El octavo informe presentado al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) corresponde al seguimiento realizado por el organismo internacional al proceso de paz en Colombia durante el segundo semestre de 2019.
El informe señala que en las zonas en las que hace presencia el Eln, “se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los niños, niñas y adolescentes a que formen parte de su organización”, afectando a la población más vulnerable.
Esto se ha observado en Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo.
Ese tipo de prácticas ilegales perpetradas por el Eln afectan además a comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó, Nariño y Cauca.
Ese grupo no es el único que está reclutando de manera forzada y también hay reportes de menores llevados por disidencias de las Farc en Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca, y en la Costa Pacífica nariñense.

El reclutamiento de menores, dice el informe, además se ha traducido en el desplazamiento forzado de comunidades que abandonan sus viviendas para evitar que se lleven a los más jóvenes.
Aunque en la región del Bajo Cauca, reclutan especialmente el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, esos grupos también están ejerciendo esa práctica ilegal en el Chocó y Nariño. En el Catatumbo, la amenaza contra los menores la ejerce el Epl.

Los hombres son vinculados a actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar, “mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual”.
Y los menores de las comunidades étnicas “son reclutados para aprovechar su conocimiento del territorio y en algunos casos son empleados como anillos de seguridad y escoltas de comandantes, dejándolos en un especial escenario de riesgo y vulnerabilidad ante posibles operativos de la Fuerza Pública”.
En el informe se advierte sobre el reclutamiento de menores venezolanos y ecuatorianos. Los primeros “son percibidos por los grupos armados ilegales como un grupo poblacional que ofrece ventajas comparativas, pues son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación con la población colombiana”.Además, la informalidad de su residencia en Colombia dificulta la vinculación a investigaciones judiciales, así como la instauración de denuncias por parte de sus familiares.
Igualmente genera preocupación que en algunas comunidades se ve como una acción voluntaria el reclutamiento de los menores sin valorar que se están vulnerando sus derechos.
El documento sostiene que en casos en los que los familiares o profesores de las víctimas logran oponerse al reclutamiento, se arriesgan a las consecuentes amenazas de los grupos ilegales. Situaciones como esta se han detectado en Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó.